En muchos sistemas jurídicos existe la figura del tercero beneficiario. Se trata de situaciones en las que dos personas celebran un contrato creando un derecho patrimonial a favor de una tercera persona que no participó del acuerdo, no lo firmó y, en numerosos casos, ni siquiera conoce su existencia.

El ejemplo más conocido es el seguro de vida: quien contrata la póliza designa beneficiarios que adquieren derechos económicos aun antes de saberlo. Pero el fenómeno aparece también en fideicomisos, trusts, planes de retiro, cuentas "payable on death", beneficios laborales, acuerdos societarios, donaciones condicionadas y múltiples estructuras patrimoniales modernas.

Desde la perspectiva de la propiedad no reclamada, esta figura resulta especialmente interesante porque demuestra que puede existir un activo jurídicamente vinculado a una persona completamente desconectada de él en la práctica. El problema, entonces, no es necesariamente la ausencia de dueño, sino la ausencia de información, notificación o conexión entre el derecho y su titular.

En algunos casos, esa desconexión puede durar décadas, atravesar migraciones, cambios generacionales o pérdidas documentales, generando patrimonios que permanecen inmovilizados simplemente porque nadie logró identificar o localizar a quienes tenían derecho sobre ellos.