Una acción de clase (“class action” en inglés) es una demanda judicial promovida por una o más personas en nombre de un conjunto numeroso de personas (llamado la “clase”) para reclamar por un derecho que se pide se reconozca a todas esas personas, aunque no participen de la demanda e incluso no tengan conocimiento de ella. Las acciones de clase provienen derecho norteamericano, habiéndose extendido a muchos otros países. En la Argentina fueron aceptadas expresamente a través del fallo “Halabi” dictado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Por su propia naturaleza, las acciones de clase involucran a un gran número de personas a quienes, cuando la sentencia resulta favorable, les queda reconocido un determinado derecho. Ese derecho puede consistir en una indemnización por un importe fijo, o variable que dependerá y será definido en base a las circunstancias particulares de cada miembro de la clase.
Algunos ejemplos típicos de acciones de clase comprenden los casos de accionistas que compraron o vendieron instrumentos financieros (acciones, bonos, etc.) a causa de información falsa o engañosa emitida por la compañía, propietarios que sufrieron perjuicio en el valor de sus casas a raíz de daños ambientales en su vecindario, entre muchos otros.
Aunque existen mecanismos para citar a todos los miembros de la clase que tienen algo para cobrar, en la gran mayoría de los casos existen muchas personas que nunca se enteran de los derechos que se les adjudicaron. Estos derechos pueden perderse irrevocablemente, en la medida que normalmente se fijan plazos límite para su reclamación.
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